El Ayuntamiento recibió la posibilidad de comprar de forma preferente una vivienda protegida situada en la avenida Doctor Eduard Punset. Era una oportunidad para ampliar el parque público de vivienda y ayudar a jóvenes, familias o personas con dificultades.

Pero decidió no hacerlo. Ni siquiera hubo una respuesta oficial clara de las áreas implicadas antes de dejar pasar la oportunidad.

Eso sí: mientras renuncian a una vivienda protegida, el gobierno municipal sigue aprobando gastos para:

• Taxis y desplazamientos institucionales.
• Placas, pins y obsequios protocolarios.
• Banderas y material institucional.
• Hostelería y restauración.
• Plantas, flores y detalles de protocolo.
• Viajes, ferias, congresos y actos de representación.

Solo estos gastos de imagen, representación y protocolo ya suman decenas de miles de euros al año. Además, el propio presupuesto de órganos de gobierno para 2025 asciende a 2,22 millones de euros.

La pregunta es sencilla:

¿De verdad Salou no podía permitirse una vivienda protegida?

¿O simplemente el gobierno municipal prefiere gastar antes en propaganda, protocolo y representación que en vivienda para la gente?