Más abogados, más procedimientos, más servicios jurídicos externos, más ejecuciones y más decretos relacionados con litigios administrativos. Los expedientes públicos empiezan a mostrar una tendencia cada vez más evidente: el Ayuntamiento de Salou mueve una maquinaria jurídica cada vez mayor y eso inevitablemente supone más gasto público.

La documentación oficial revisada durante las últimas semanas refleja una actividad jurídica constante dentro de distintas áreas municipales. Entre los decretos publicados aparecen contrataciones de servicios jurídicos externos, designaciones de abogados, procedimientos ordinarios, expedientes abreviados, ejecución de sentencias y actuaciones relacionadas con conflictos administrativos y urbanísticos.

Solo en los últimos documentos consultados ya figuran:

• contratación de apoyo jurídico para servicios municipales,
• procedimientos judiciales abiertos,
• recursos administrativos,
• reclamaciones patrimoniales,
• litigios relacionados con urbanismo,
• expedientes vinculados a expropiaciones,
• y diferentes actuaciones jurídicas que afectan a varias áreas del Ayuntamiento.

Todo ello publicado oficialmente en los decretos municipales.

El problema no es que exista actividad jurídica. Cualquier administración pública tiene procedimientos y conflictos administrativos. Lo que empieza a llamar la atención es el volumen y la frecuencia con la que estos movimientos aparecen en la documentación oficial.

Porque detrás de cada:

• abogado,
• procedimiento,
• recurso,
• sentencia,
• o contratación jurídica,

hay dinero público.

Y a día de hoy sigue sin existir una cifra clara, fácilmente accesible y comprensible para los vecinos sobre cuánto dinero destina realmente el Ayuntamiento de Salou a:

• abogados externos,
• procuradores,
• costas judiciales,
• litigios,
• defensa jurídica,
• o ejecución de sentencias.

Los decretos recientes muestran además que muchos de estos movimientos coinciden con una intensa actividad urbanística y administrativa relacionada con expropiaciones, modificaciones urbanísticas, proyectos municipales y actuaciones de gran impacto económico.

La pregunta empieza a surgir sola:

¿Está aumentando la judicialización dentro del Ayuntamiento de Salou?

Porque cuanto más se revisan los expedientes públicos, más sensación da de que la actividad jurídica municipal no deja de crecer.