El gobierno de Pere Granados presenta cada año unos presupuestos millonarios vendiéndolos como si fueran una hoja de ruta seria y planificada. Pero la realidad es otra: pocos meses después empieza a mover dinero de unas partidas a otras, incorporar remanentes, pedir préstamos, rehacer inversiones y aprobar facturas fuera de presupuesto.

Es decir, el presupuesto que se aprueba en el pleno acaba siendo solo un punto de partida. Después, el gobierno municipal va modificándolo sobre la marcha según le conviene.

Solo entre 2023 y 2025 el Ayuntamiento ha aprobado múltiples modificaciones de crédito, incorporaciones de remanentes y reconocimientos extrajudiciales de crédito.

En 2023 ya hubo varios expedientes de modificación presupuestaria y dos reconocimientos extrajudiciales de crédito, que son facturas o gastos que no estaban correctamente previstos en el presupuesto inicial y que deben aprobarse posteriormente.

En 2024 volvió a ocurrir exactamente lo mismo, con nuevas modificaciones aprobadas por el pleno para mover dinero entre partidas.

Y en 2025 la situación continúa: ya existen varias modificaciones de crédito para volver a rehacer el presupuesto aprobado hace apenas unos meses.

El problema no es solo técnico. El problema es político.

Porque mientras Pere Granados sube impuestos, aumenta el IBI, incrementa tasas y presume de tener más dinero que nunca, luego utiliza ese dinero con una planificación deficiente y va improvisando durante el año.

Es como si una familia dijera en enero que tiene perfectamente organizado el año y luego cada dos meses tuviera que rehacer todas las cuentas porque no había calculado bien lo que iba a gastar.

Y mientras tanto, los vecinos siguen viendo las mismas calles sucias, los mismos problemas de civismo, la misma sensación de inseguridad y los mismos barrios olvidados.

El Ayuntamiento de Salou no tiene un problema de falta de dinero.

Tiene un problema de prioridades, control y planificación.