Hay cosas que deberían preocuparnos a todos.

El Ayuntamiento de Salou tiene un contrato clave: el mantenimiento de todos los edificios municipales. Es decir, la empresa que se encarga de arreglar averías, mantener instalaciones y asegurar que todo funcione en colegios, dependencias públicas y edificios municipales.

Este contrato mueve alrededor de 586.000 € al año, con posibilidad de superar los 800.000 € contando actuaciones adicionales.

Hasta aquí, todo normal. El problema es otro.

Según los propios expedientes municipales, el contrato ha terminado y el Ayuntamiento no había preparado a tiempo el nuevo. Aun así, el servicio sigue prestándose de forma “excepcional”, sin el respaldo de un contrato vigente en condiciones normales.

Dicho de forma clara: un servicio esencial sigue funcionando… pero fuera del marco habitual de contratación pública.

¿Por qué es grave?

Porque los contratos públicos existen para garantizar tres cosas:

• transparencia
• control del gasto
• igualdad de oportunidades entre empresas

Cuando eso falla, aparecen riesgos:

• que no haya competencia entre empresas
• que no esté claro el precio real del servicio
• que se pierda control sobre cómo y cuánto se paga

Y si la situación se alarga o se gestiona mal, puede acabar en algo mucho peor:

• reparos de intervención
• irregularidades administrativas
• responsabilidades políticas o incluso legales

Esto no significa automáticamente que haya ilegalidad.
Pero sí indica algo preocupante: falta de planificación en un servicio básico que mueve cientos de miles de euros.

Porque cuando un contrato de este tamaño se acaba y no hay otro preparado, no es un problema técnico.

Es un problema de gestión.Y la pregunta es sencilla:

¿Cómo se ha llegado a esta situación en un contrato esencial para el funcionamiento diario del municipio?