En el pleno del Ayuntamiento de Salou celebrado el pasado 29 de octubre de 2025, todos los grupos municipales votaron en contra de la moción presentada por USAP que proponía gestionar 82 viviendas de la SAREB para destinarlas a alquiler social y vivienda protegida. La iniciativa, pensada para dar respuesta a la creciente demanda de viviendas asequibles en el municipio, fue rechazada con 18 votos en contra y solo 1 a favor, dejando sin efecto cualquier intento de solución inmediata para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad habitacional.

Según la moción, estas viviendas podrían haber sido gestionadas por la Generalitat de Catalunya para cubrir necesidades reales de los vecinos y vecinas de Salou, evitando el riesgo de que permanezcan vacías o subutilizadas. Sin embargo, los grupos opositores argumentaron la decisión en base a supuestas dificultades técnicas y falta de estudios previos, así como la necesidad de que este tipo de gestión se canalice exclusivamente a través de la administración autonómica.

Para muchas familias y personas en riesgo de exclusión social, la votación supone un nuevo obstáculo. “No entiendo cómo pueden justificar que no se haga nada cuando hay pisos disponibles y vecinos que los necesitan,” declaró un residente afectado que prefirió mantenerse en el anonimato.

La moción de USAP buscaba impulsar una solución local rápida, aprovechando recursos ya existentes y evitando la especulación inmobiliaria. No obstante, la negativa transversal de todos los partidos muestra un consenso político en mantener la situación tal como está, dejando de lado la urgencia de las familias que requieren vivienda.

El debate deja en evidencia la brecha entre la política local y la realidad social, con un Ayuntamiento que, pese a tener herramientas para colaborar con la Generalitat, decide no tomar la iniciativa para proteger a sus vecinos más vulnerables. Mientras tanto, los pisos permanecen bajo propiedad de la SAREB, con la Generalitat como gestor temporal, y los vecinos que necesitan vivienda siguen sin acceso a estas 82 viviendas que podrían aliviar su situación.